Prevención de riesgos en educación, nada que celebrar

seguridadEl próximo 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Con este motivo el STEC-IC, un año más, se ve en la obligación de denunciar las condiciones en las que se encuentra la Prevención de Riesgos Laborales en la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, ya que la Administración educativa viene incumpliendo de manera sistemática los derechos de sus trabajadores y trabajadoras en esta materia tan sensible. Lo cual se materializa, entre otros, en los siguientes hechos:

- Manifiesta insuficiencia de personal técnico y administrativo en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, lo cual conlleva que éste casi no pueda desarrollar sus funciones con un mínimo de operatividad.

- Ausencia de los reconocimientos médicos a los que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.

- Ausencia casi total de evaluaciones de la peligrosidad de los puestos de trabajo.

- Los planes de autoprotección de los centros docentes en lugar de técnicos especializados los deben realizar los equipos directivos, sin la adecuada formación para ello y con el consiguiente aumento de su carga de trabajo.

 

- Los simulacros de evacuación, cuando se hacen, es sin la presencia de prevencionistas que puedan ayudar a resolver las deficiencias.

- Las adaptaciones de los puestos de trabajo, si es que se producen, tardan demasiado tiempo en llevarse a cabo.

- Numerosos centros educativos de Canarias aún tienen amianto en sus instalaciones.

- No se facilitan datos de siniestralidad laboral en el sector educativo.

- Los Coordinadores/as de Prevención de los Centros Educativos a menudo se ven aislados, y sin obtener ayuda para desarrollar su labor.

- El Comité Sectorial de Educación no ha sido convocado en los últimos cursos escolares.

- Las Delegadas/os de Prevención no reciben la formación a la que legalmente tienen derecho.

A pesar de las constantes denuncias del STEC-IC, esta inaceptable situación se viene manteniendo año tras año, lo cual no hace sino evidenciar la falta de voluntad política del Gobierno de Canarias para solucionar un problema que afecta directamente a todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública canaria.

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