La Sección Sindical de Personal de Administración y Servicios del STEC-IC, se hace eco del comunicado emitido por las Federaciones de AMPAS sobre la privatización del personal que presta servicios al alumnado NEAE y exige a la Consejería de Educación el cese en la privatización de los servicios en los centros educativos públicos de canarias. La previsión para este año es que la empresa contratista facture unos 20 millones de euros por esos servicios, cuatro más que el año pasado y 17 más que en el inicio del contrato, en abril de 2016.
En la actualidad, alrededor del 80% del personal de la Consejería de Educación que presta servicios en la categoría de Aux Educativo es personal privado; por poner un ejemplo significativo, hay 186 auxiliares educativos contratados directamente por la Consejería y por el contrario más de 1100 cuidadores contratados por la empresa privada; más de 100 adjuntos de taller de Aeromédica y menos de una veintena de la Consejería. Todo ello, como señala el representante de FAPA La Palma, incrementa exponencialmente los servicios privados y el empleo precarizado, dentro de los centros públicos de Canarias.
Esta forma de gestionar, improvisada y sin rigor, está dando lugar a una nueva situación, también irregular y creada por la misma Administración. Trabajadores y trabajadoras contratados/as a través de la empresa privada e incluso para programas educativos, han demandado por cesión ilegal de trabajadores, adquiriendo por sentencia la condición de personal laboral indefinido no fijo de la Administración Pública, e incluso últimamente, con indemnizaciones por la diferencia de sueldo que han dejado de percibir. Vemos pues que todas estas fórmulas empleadas para la cobertura de los servicios que iban surgiendo, evitando la creación de plazas durante tantos años, tienen como consecuencia el que ahora lo tengan que hacer, pero a golpe de las sentencias que están saliendo en cascada a favor de los demandantes (con la consiguiente vulneración del Derecho a la libre concurrencia al empleo público).
Últimamente la gran preocupación de la Consejería de Educación con el personal de la empresa privada es que sigan demandando, intentando dificultar que las sentencias les sean favorables, dando instrucciones a los equipos directivos de los centros para su gestión. Esto está generando enormes dificultades en el funcionamiento y organización de los centros, por lo que las direcciones de los centros han elevado sus quejas a la Consejería y solicitado personal propio.
El STEC-IC apoya el manifiesto que ha presentado a la Consejería la federación de las AMPAS este verano, pidiendo que el alumnado más vulnerable deje de ser una mercancía y sea atendido por empleados públicos cualificados y que, lejos de sacar a oferta pública como encomienda de gestión de este servicio por nulidad de contrato con la empresa de Aeromédica Canaria, tal como es la intención de la administración educativa, se revierta esta privatización porque este alumnado necesita de una educación de calidad, lo contrario es conculcar sus derechos más básicas y fundamentales.
Canarias a 3 de noviembre de 2024
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